Cali, octubre 30 de 2020. Actualizado:

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Senador habla de los daños ambientales, sociales y económicos que deja este flagelo

Necesitamos herramientas para actuar a tiempo contras las invasiones: Velasco

En los últimos dos meses se han producido varios hechos relacionados con la invasión de tierras: en inmediaciones del lago Calima, en el norte del departamento del Cauca, y en Cali, tanto en Cristo Rey cono en La Viga. Por esta razón, el Diario Occidente habló sobre el tema con el senador Gabriel Velasco, promotor de un proyecto legislativo que busca contrarrestar el fenómeno de la ocupación ilegal de predios.

¿Cuál es el impacto social y económico del fenómeno de las invasiones en Colombia?

El impacto de las invasiones ilegales en Colombia no solamente es social y económico, tiene un enorme componente ambiental y en ocasiones un origen en algunos discursos políticos.

El impacto social es muy grande, principalmente en los más vulnerables que ven muchas veces como compran terrenos que han sido ocupados ilegalmente por mafias de tierras, los cuales no cuentan con ningún sustento jurídico y donde pueden perder todos sus ahorros y sus sueños. Adicionalmente de ser terrenos que no brindan seguridad y que ponen en riesgo a las familias.

El impacto social también se ha visto en los procesos de restitución de tierras que se han visto entorpecidos por invasiones a predios que están previstos para hacer parte de estos programas.

En el plano económico, vemos como este se ha convertido en un fenómeno que obliga a las empresas a aumentar sus costos en seguridad, hemos visto como acciones de invasiones ilegales han atentado contra cultivos e incluso contra infraestructura productiva como tractores, generando grandes pérdidas para los agricultores.

En el plano ambiental, hemos visto como las mafias de tierras han causado enormes incendios forestales, causando grandes daños que afectan nuestra biodiversidad, adicionalmente hemos visto invasiones a sectores de reserva forestal que atentan contra los ejercicios de conservación, entre algunos otros.

¿Hay algo que se pueda hacer desde el Congreso de la República para frenar las invasiones?

Sin duda, el Congreso tiene la facultad de legislar al respecto tanto de forma preventiva como punitiva, como lo dije anteriormente, el fenómeno de las invasiones tiene una afectación social, ambiental y económica que no puede ser minimizada.

Yo he venido impulsando un proyecto, el cual volvimos a radicar el 20 de julio en compañía de los representantes Christian Garcés y Juan Fernando Reyes Kuri, que busca dar más herramientas a la Policía para actuar de manera preventiva en casos de invasiones. Hoy la Policía solamente puede actuar de manera autónoma en las primeras 48 horas de la invasión, un tiempo en el que muchas veces ni siquiera se ha detectado la misma. Por esta razón nosotros proponemos que la Policía pueda actuar dentro de los primeros 45 días en invasiones a predios públicos y privados, y en cualquier momento en invasiones a reservas forestales.

Este proyecto le brindará a las autoridades herramientas para proteger los predios de acciones ilegales.

En el departamento del Cauca, tan cercano a Cali, hay una larga historia de invasiones y en los últimos meses se han intensificado las ocupaciones ilegales de tierras, muchas de ellas dedicadas a la agroindustria, ¿cómo evitar que esto se siga repitiendo?

En el departamento del Cauca, particularmente en el norte, existe un fenómeno diferente al de la mayoría del país, el cual debe ser estudiado con detenimiento. Poblaciones indígenas, con titulaciones colectivas en la zona, han emprendido una campaña por la ampliación del territorio étnico, atropellando los derechos de propietarios de fincas, mayoritariamente de producción agrícola. Estas intrusiones ilegales, disfrazadas de derechos ancestrales, han ido creciendo e incluso hemos visto como han sido emuladas en municipios como Bolívar, o incluso en el sector de La Viga, en Pance.

Cuando se revisan las cifras, puedes evidenciar que el 30% del territorio nacional pertenece a grupos étnicos que representan aproximadamente el 5% de la población colombiana.

Para evitar que este fenómeno se siga repitiendo, y se siga expandiendo alrededor del país hay que abrir el debate, que impida los abusos de los derechos ancestrales, que no se pueden convertir en una plataforma para atropellar al resto de la ciudadanía, ni en una oportunidad para violar el principio de la propiedad privada, pilar de nuestra democracia.

En muchos casos de invasiones se habla de inescrupulosos que ocupan para luego parcelar y vender. Y si bien hay delincuentes detrás de esto, es cierto también que hay un déficit grande vivienda que estimula el fenómeno. ¿Una política de vivienda para los más pobres, para los que no tienen ni siquiera una cuota inicial, podría ayudar?

Sin duda, el déficit de vivienda es un problema que nuestro país debe atender, pero no se puede convertir en una excusa para justificar a los grupos que se han organizado para delinquir invadiendo terrenos privados, públicos y de reserva, y que con acciones como esta estafan a poblaciones vulnerables, vendiéndoles terrenos sin valor ni garantías para su posesión.

El Estado colombiano ha avanzado en los últimos años en programas sociales que permitan superar el déficit de vivienda, actualmente el ministerio de vivienda ha desarrollado programas que permiten a los más vulnerables acceder al sueño de una casa propia, programas como Mi casa ya, o programas dirigidos a empleados informales como semillero ahorro o semillero de propietarios. Hoy el Estado ha hecho un gran esfuerzo para permitir la concurrencia de subsidios, lo cual garantiza el cierre financiero para el acceso al sueño de tener casa propia.

En la normatividad colombiana existen sanciones y mecanismos legales para castigar a los invasores, ¿esto se cumple?

En Colombia ha existido una dificultad para sancionar la invasión, no se trata de perseguir a los más vulnerables que se han establecido de buena fe en predios sin garantías jurídicas. La realidad es que las acciones se deben centrar contra los grupos criminales que fomentan las invasiones ilegales.

La policía hoy cuenta con tan pocas herramientas que se le dificulta actuar, es por esto que debemos dotar al Estado, no solo a la fuerza pública, para combatir este problema.

¿Está de acuerdo con la creación de escuadrones dedicados a detectar y evitar invasiones o cuál debe ser la forma de prevenir estos asentamientos?

La creación de unidades contra las invasiones ilegales, como la que desarrolló el gobierno Armitage y hoy mantiene el alcalde Ospina, sin duda, son opciones que permiten una mayor celeridad en el accionar, pero debemos nutrir estas unidades con herramientas que permitan a la fuerza pública y a la ley actuar de manera más efectiva.

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