El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Defensa, anunció la extensión de la suspensión de nuevos permisos para portar armas de fuego en el país durante el año 2024.

Desde el año 2016, el porte de armas de fuego sin salvoconducto está prohibido en Colombia. Esta restricción se prorrogará durante el año 2024, como parte de las acciones destinadas a mantener y preservar las condiciones de seguridad y tranquilidad en el país, que son fundamentales para el ejercicio de las libertades ciudadanas y el desarrollo general.

Según las directrices establecidas, se tendrán en cuenta diversos factores para la expedición de permisos de porte de armas, tales como chequeos de antecedentes, pruebas psicotécnicas y la comprobación de la necesidad legítima de portar un arma.

Estas medidas buscan garantizar que aquellos que obtengan permisos de porte de armas cumplan con los requisitos necesarios y contribuyan a mantener la seguridad pública.

Además de la extensión de la suspensión de nuevos permisos, se reguló el uso y porte de armas traumáticas en Colombia.

Los dueños de este tipo de armas deberán obtener un permiso para su tenencia o porte, siguiendo un proceso que incluye el trámite de marcaje del arma y la presentación de documentación ante la Industria Militar (INDUMIL).

¿Colombianos necesitan armas?

Algunas personas están en contra de esta prórroga a la norma, por lo que radicaron un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes, con el objetivo de actualizar los registros y permisos asociados al control, porte y tenencia de armas de fuego.

Esta iniciativa, propuesta por el representante Juan Carlos Wills, pretende permitir la suspensión excepcional de permisos de tenencia y porte de armas de fuego en situaciones que lo ameriten.

El debate sobre el porte de armas en Colombia cobra fuerza en medio de la preocupación por la seguridad ciudadana.

Mientras algunos congresistas, como la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, están a favor de permitir el porte de armas para la defensa personal, otros expresaron reservas y critican la posible implementación de esta medida.

Ante la complejidad de la gestión de la seguridad en el país, el Gobierno busca encontrar un equilibrio entre el derecho individual al porte de armas y la responsabilidad del Estado de mantener la seguridad ciudadana.

El marco legal colombiano se enfoca en prevenir el uso indebido de armas de fuego y garantizar un entorno seguro para todos los ciudadanos.

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