El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó una advertencia directa sobre el futuro del sistema de salud.

Si el Congreso no aprueba las reformas propuestas por el Gobierno, “la única posibilidad es liquidar las EPS”.

Así lo expresó en medio de una creciente tensión por la crisis financiera y operativa que afecta a más de 31 millones de afiliados en Colombia.

La afirmación del ministro surge mientras avanza el proceso de intervención a nueve EPS, entre ellas Sanitas, Nueva EPS y Famisanar, que juntas concentran el 62.5 % de la población afiliada.

El déficit del sistema supera los 5.5 billones de pesos, y solo en medicamentos e insumos, las deudas acumuladas con gestores farmacéuticos ascienden a 907.853 millones de pesos.

El Congreso como bisagra: reforma o liquidación

La reforma estructural propuesta por el Gobierno incluye convertir las EPS en gestoras farmacéuticas y eliminar su papel como intermediarias financieras.

El Ministerio de Salud considera que el modelo actual no es viable y que, sin apoyo legislativo, la única vía legal para resolver la crisis será la liquidación de estas entidades.

Jaramillo sostuvo que “las EPS están quebradas”, y que si no se logra implementar el nuevo modelo, no habrá forma de sostener el sistema.

Por eso, su mensaje al Congreso es claro: o se aprueba la reforma o se procederá con la liquidación de las entidades intervenidas conforme lo permite la normativa vigente.

No habrá pago de deudas: línea roja del Gobierno

El presidente Gustavo Petro ya había sido enfático al afirmar que el Estado no pagaría las deudas de las EPS.

“Nosotros no pagamos las deudas de los privados”, declaró.

En ese sentido, Jaramillo reafirma que no se destinarán recursos públicos para cubrir pasivos generados por administraciones privadas.

Esta postura generó alarma en el gremio de las EPS, que señala un desfase mensual de 800.000 millones de pesos en los giros del Gobierno, además del impacto del bajo ajuste en la UPC, que en 2024 fue solo del 5.2 % frente al 16 % necesario.

Audifarma en el centro del escándalo

La presión del Ministerio no se limita al Congreso.

También se intensificó contra los gestores farmacéuticos.

La cartera presentó una denuncia penal contra Audifarma S.A. por acaparamiento de medicamentos esenciales, luego de que Supersalud encontrara más de 6.000 unidades retenidas en bodegas sin distribución.

La investigación reveló incumplimientos contractuales con Nueva EPS.

Aunque esta giró 265.269 millones de pesos entre diciembre y febrero, Audifarma no cumplió con la entrega del 87 % de los medicamentos pactados.

El caso llevó a la imposición de medidas cautelares y sanciones por parte de la Superintendencia.

Supersalud: la crisis es estructural

El superintendente Giovanny Rubiano García aseguró que el problema de los medicamentos no es nuevo.

Lo atribuyó a causas estructurales, como la orientación curativa del sistema durante 30 años, y a factores coyunturales, como el incumplimiento en los contratos entre EPS y gestores.

En 2024 se registraron 318.000 reclamos por fallas en la entrega de medicamentos, y solo cinco EPS, entre ellas Sanitas y Nueva EPS, concentraron más del 68 % de estas quejas.

La Supersalud también informó que entre enero de 2024 y enero de 2025 recibió más de 14.000 reclamos por negación de medicamentos cubiertos por la UPC.

Más cierres, más quejas: impacto directo en los usuarios

La crisis provocó el cierre de 1.200 IPS en 2024 y un aumento del 75.7 % en las quejas ante la Defensoría del Pueblo por falta de atención médica.

Según el Ministerio, la falta de pago a los prestadores y gestores amenaza la sostenibilidad de los servicios básicos en salud.

Ante este panorama, el ministro Jaramillo enfatizó que el sistema necesita una transformación inmediata.

Sin apoyo legislativo, la única opción legal y financiera será liquidar las EPS que no puedan responder a sus obligaciones.

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