Cali, junio 3 de 2020. Actualizado: miércoles, junio 3, 2020 17:45

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Pasa a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema

Corte Constitucional ordena revisar tutela de Andrés Felipe Arias

La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió proteger el derecho fundamental al debido proceso del exministro Andrés Felipe Arias Leiva y, en consecuencia, ordenar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia iniciar el trámite para dar curso a la solicitud de impugnación de la sentencia condenatoria proferida en su contra el 16 de julio de 2014.

En esta decisión, la mayoría de la Sala Plena de la Corte Constitucional parte de no desconocer la firmeza de la sentencia condenatoria proferida por la Sala de Casación Penal, y tampoco de realizar pronunciamiento alguno sobre los hechos, pruebas o argumentos que determinaron la sanción contra el ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva.

Este no era el objeto del trámite constitucional. La protección que se concede significa que un segundo juez se pronunciará, luego de una valoración amplia e integral, sobre la situación general de su condena. Esta garantía está reconocida tanto en la Constitución Política como en instrumentos internacionales vinculantes para el Estado colombiano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La decisión supuso la rigurosa identificación de los principios y derechos constitucionales en tensión, concluyendo que para el momento en el que fue proferida la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014 contra el ciudadano Andrés Felipe Arias, existía un estándar internacional que exigía que las sentencias en única instancia, incluso en el marco de procesos penales de juzgamiento especial como el de aforados constitucionales, tuvieran un mecanismo de impugnación amplio e integral.

Este estándar, estimó la mayoría de la Sala, se configuró con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 30 de enero de 2014, en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. En este caso, dicho Tribunal, como intérprete autorizado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que vincula al Estado colombiano, determinó que el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, previsto en el artículo 8.2.h., también debía ser garantizado a quienes fueran juzgados, por razón de su fuero, por la máxima autoridad de Justicia en materia penal.

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