Una polémica iniciativa fue aprobada en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se trata del proyecto de ley 600 de 2021, el cual contempla regular el artículo 47 de la ley 1098 de 2006 con el fin de controlar y tomar acciones contra los contenidos que afecten a niños, niñas y adolescentes.

El proyecto fue planteado por la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen Abuchaibe, la cual pretende crear un Comité de Expertos que regulen los contenidos en medios de comunicación e internet que impacten negativamente a los jóvenes.

De acuerdo con esto, el Gobierno Nacional elegiría a un grupo selecto de funcionarios públicos de MinTic y la Comisión de Regulación de Comunicaciones que decidirán cuáles son los contenidos audiovisuales que se mostrarán en los diversos medios o canales de información.

Lo anterior generó controversia entre los medios de comunicación y en algunos políticos que se mostraron preocupados, dado que el Comité tendría todo el poder sobre la información y, al parecer, vulnerarían la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política.

“Está en riesgo que el día de mañana, si hay contenidos que puedan hablar de educación sexual LGBTI, entonces un gobierno decida que eso atenta contra la integridad moral de nuestros niños”, afirmó la representante Juanita Goebertus durante el debate.

A su vez, la congresista puso como ejemplo los contenidos compartidos durante el paro, “si el día de mañana un gobierno decide qué contenidos en internet, que son de libre creación, que llame a la movilización podrían atentar contra la posibilidad de que los niños resulten afectados en una movilización entonces busque censurar esos contenidos”, puntualizó.

La aprobación del proyecto, según la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, es un peligro para la libertad de expresión, ya que “es una forma de censura indirecta que es contraria a los estándares interamericanos de Derechos Humanos”.

Se obligaría a los medios de comunicación a adoptar ‘Códigos de Buenas Prácticas’ que son remitidos al @Ministerio_TIC y la @CRCCol “para su verificación”.

Esto es una forma de censura indirecta que es contraria a los estándares interamericanos de Derechos Humanos. ❌

— FLIP (@FLIP_org) May 31, 2021

“Para la FLIP es peligroso que en cabeza de entes gubernamentales esté definir cuáles contenidos vulneran los derechos de la niñez. Además, el proyecto desconoce que las limitaciones a la libertad de expresión deben tener un control posterior, nunca previo”, expresó la entidad.

Así pues, pese a las implicaciones del proyecto, este se aprobó en primer debate generando malestar en el Congreso, por lo cual, algunos congresistas pidieron archivarlo o revisar su planteamiento, visto que puede generar infracciones contra la Constitución.

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