julio 06, 2018

El país requiere que se evite que esta seguidilla de muertes

Zonas rurales, en manos de los criminales

El Estado está dejando a las comunidades solas frente a los actores ilegales.

Que más de 170 líderes sociales hayan sido asesinados desde que se firmó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc es algo que no se puede subestimar.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, cada cuatro días una persona que ejerce el liderazgo en comunidades rurales es asesinada en Colombia, algo muy grave.

Y más grave aún resulta que no se sepa con exactitud quién los está matando ni porqué, aunque los factores coincidentes en todos los casos dan pistas de los autores y los móviles: todos los crímenes han ocurrido en zonas abandonadas por el Estado, con presencia de minería ilegal y narcotrafico.

Lo que el país requiere ahora es que se evite que esta seguidilla de muertes continúe, y para ello es necesario que el tema no se politice.

Así como no se puede aceptar que se vuelva a decir que se trata de líos de faldas, es inadmisible que desde las orillas políticas se le dé un tinte ideológico a las víctimas o a los victimarios, según convenga.

Aquí no se necesita que cada quien asuma como ciertas versiones para su beneficio político, sino que la institucionalidad nacional entienda este fenómeno para poder frenarlo.

Las autoridades no pueden limitarse a seguir contando los muertos. La lucha contra los nuevos actores armados que se disputan el control de los negocios ilícitos no la tienen que dar los líderes sociales, la tiene que dar el Estado.

Por vender la idea de una paz que no es completa, el Gobierno no puede seguir evadiendo la confrontación con las organizaciones que insisten en convertir las zonas rurales en paraísos del crimen.