marzo 09, 2018

Reforma judicial, una tarea pendiente

Wilson Ruíz

Hace 13 años entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio y con él, la oralidad en los procesos penales. Los objetivos del nuevo sistema están lejos de ser una realidad, entre ellos la descongestión de los despachos, celeridad en el trámite de las causas y mayor transparencia en los fallos.

Estamos ad portas de la renovación del Gobierno y el Congreso, y un reto fundamental que tendrán será gestionar la reforma a la justicia, que permita que la defensa de los derechos del ciudadano no se quede escrita en los códigos.

Se requiere una reestructuración del proceso penal, buscando que todas las investigaciones sean resueltas; una reforma inevitablemente debe contener la creación de más despachos para mejorar los tiempos y evitar la impunidad. La Rama Judicial cuenta con cerca de seis mil jueces y no es extraño que tengan en sus escritorios entre 500 y mil expedientes cada uno, cifra que refleja la magnitud de la carga laboral de los jueces.

Un aspecto importante a tener en cuenta en la reforma a tramitarse es el tema de la seguridad jurídica. No le otorga ningún beneficio a la estabilidad jurídica del país la multiplicidad de normas proferidas por el Legislativo, muchas de ellas sin ninguna aplicación real. Hay que abreviar tantas leyes y tratar de no resolver los problemas sociales con el Código, especialmente el penal.

En esta etapa final de las campañas políticas seguramente saldrán a la palestra propuestas para modificar la administración de justicia, solo podrán prosperar aquellas que atiendan sus verdaderas falencias, alejadas de intereses particulares, de lo contrario están destinadas a fracasar como las últimas reformas planteadas.