junio 11, 2018

Así operan las redes que inducen al consumo

La droga acecha en los colegios de Cali

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Las cuadras contiguas a los centros recreativos e instituciones educativas son suficientes para hombres y mujeres que operan articuladamente en la venta de sustancias psicoactivas, las cuales son ofrecidas a menores y adolescentes que concurren en estos entornos.

Generalmente los distribuidores llegan a ocupar espacios aledaños a las instituciones y una vez finalizada la jornada, aprovechan el flujo de estudiantes, esperan su salida y los abordan.

Quien distribuye, bien sea hombre o mujer, evita a toda costa arriesgarse a que, ante una posible requisa de las autoridades, le encuentren la ‘mercancía’.

“Al momento de comercializarlo utilizan pequeñas cantidades de estupefacientes para no ser capturados por las patrullas. Lo que hacen ellos es que las camuflan dentro de los muros, la vegetación o los pastos y dentro de su bolsillo o de las gorras manejan dos o tres cigarrillos, para el que llegue, y cuando se les acaba van a la caleta, vuelven y se surten y los siguen vendiendo. Ese es el modus operandi de ellos”, precisó David Ricardo Cázares, analista de estupefacientes de la Sijin de la Policía Metropolitana de Cali.


Este material gráfico fue obtenido en exclusiva por el Diario Occidente y hace parte de los operativos, con agentes encubiertos, que adelanta la Sijin de la Policía de Cali, contra estas bandas.


Desde el 2012 la Corte Constitucional determinó que el portar una dosis máxima de 22 gramos de marihuana no es penalizable y bajo la Ley 30 de 1986 un ciudadano puede portar, sin incurrir en hechos ilegales, máximo 20 gramos de marihuana; 5 gramos de marihuana hachís; 1 gramo de cocaína y 2 gramos de metacualona. Esto es aprovechado por los comercializadores.

Diversidad
El bazuco, la cocaína y los cigarrillos de marihuana en papel cuero o mantequilla son las sustancias que están protagonizando este fenómeno en los entornos educativos y que ha logrado permear a instituciones ubicadas en al menos siete comunas de Cali’.

“Según la institución en la que se distribuiya la sustancia, así mismo se fijan precios para la distribución: los cigarrillos sencillos de marihuana pueden estar entre $1.000 y $3.000, sin embargo, hay instituciones en las que, con filtro de madera, se puede conseguir entre $15.000 y $20.000; 1 gramo de bazuco o de cocaína lo pueden distribuir desde $1.000”, precisó el capitán Fernando Alzate, jefe de la unidad en contra de la delincuencia organizada de la Policía de Cali.

La cocaína y el bazuco se comercializan en pequeñas bolsas plásticas, pero no solo en los espacios públicos, sino también en las viviendas y las tiendas limítrofes con los centros educativos.

“Por la ventana o por la puerta venden, incluso utilizan hasta las tiendas como fachada, y la gente entra supuestamente a comprar un dulce o cualquier cosa y están es comprando el cigarrillo, la cocaína”, precisó el analista de estupefacientes de la Sijin.

El género no es un determinante dentro de las características que pudieran emplearse para descifrar a un distribuidor, de hecho, se ha evidenciado bandas distribuidoras de estupefacientes conformadas en más del 50% por mujeres. Tampoco es determinante la apariencia física: se pueden encontrar desde consumidores comunes, hasta personas “que no se untan, simplemente venden”.

Hay organizaciones que tienen un líder (por lo general hombre), uno o dos administradores (quienes reciben el dinero), y sus distribuidores (hombres y/o mujeres).

En unas es normal que tengan conductor, quien hace los domicilios. Otras, en cambio, no tienen administradores y los distribuidores tienen contacto directo con el líder.

La coartada
El flujo de adolescentes que ingresa y sale de una institución educativa se ha convertido en un nicho determinante para los expendedores de alucinógenos.

En material fílmico de operativos de la Sijin se observó cómo los distribuidores ocupan los espacios públicos aledaños a los colegios y polideportivos, y no lo hacen dentro o en sus alrededores porque ante un posible juicio este acto sería un agravante en el proceso.

“Por eso de pronto en las audiencias muchos de los abogados defensores dicen: pero por qué si no estaba ni en frente ni atrás, estaba a dos o tres cuadras, entonces ahí el agravante lo que dice es que estaban en un entorno educativo”, señaló el analista Cázares.

Las instituciones educativas que han sido mayormente afectadas con la distribución de sustancias están ubicadas en las comunas 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, y 21, principalmente.

Investigaciones
Agentes encubiertos de la Sijin trabajan en las pesquisas de las bandas presuntamente involucradas en la venta y distribución de estupefacientes, y una investigación puede tardar entre cinco meses y un año, contrario a la desarticulación de las líneas.

“Cuando, por ejemplo, hay quejas de la comunidad, los hombres de la Sijin inclusive mandan a comprar, se caracterizan como consumidores, verifican y entonces se programa un allanamiento y desde ahí salen unas líneas de expendio, es un poco parecido a la banda, pero sale del momento, no es algo que hay que investigar, simplemente se verifica, se hace el allanamiento”, acotó el analista David Ricardo Cázares.

A la fecha, los operativos del personal de la Sijin han dejado 176 personas capturadas por este delito y 17 líneas de expendio han sido desarticuladas.

La última banda de distribuidores increpada operaba en la Comuna 7 y estaba afectando a dos colegios de la zona.