noviembre 10, 2017

JEP: justicia con impunidad

Cada vez hay más razones para que la Corte Penal Internacional intervenga en Colombia.

En Colombia hay manifestaciones de rechazo cada vez que llega una noticia que da cuenta de cómo el chavismo aprovecha su poder para modificar y ajustar las normas y la institucionalidad de Venezuela a su antojo. Claramente, estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

La discusión de la Justicia Especial para la Paz, JEP, es una clara muestra de ello, pues a toda costa y sin que importen las implicaciones institucionales para el país, el Gobierno Nacional está haciendo todo lo posible para que los cabecillas de las Farc se posesionen como congresistas el próximo 20 de julio así no hayan sido juzgados ni hayan cumplido las penas alternativas que se les impongan ni hayan reparado a sus víctimas.

Ayer el ministro del Interior, Guillermo Rivera, llegó a un acuerdo con la bancada del Partido Conservador, que hasta el momento se había negado a votar favorablemente la JEP. El acuerdo consiste en que los tribunales de esta jurisdicción especial empiecen a funcionar antes de que los jefes de las Farc se posesionen como congresistas, para que puedan presentarse antes los jueces antes de asumir sus curules. ¿A qué hora cumplirán las penas que les impongan los jueces? ¿A qué hora repararán a sus víctimas?

Quiere decir lo anterior, que de todas formas los cabecillas del grupo armado ilegal, ahora convertido en movimiento político, podrán ser congresistas sin haber cumplido sus penas y, lo que es peor, legislarán al mismo tiempo.

Si la Corte Penal Internacional en verdad opera sin sesgo ideológico, tiene que intervenir ante la clara impunidad que propiciarán el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y sus aliados en el Congreso de la República.