diciembre 23, 2016

Gestiones públicas transparentes

Wilson Ruiz

El 2016 está a punto de expirar y la lucha contra la corrupción se sigue perdiendo, a pesar de los compromisos adquiridos en la Cumbre Mundial Anticorrupción que se realizó en el mes de mayo en Londres.  El Congreso aprobará la reforma tributaria en busca de mayor recaudación, y paradójicamente billones de pesos del erario se pierden en actos de corrupción. La Contraloría adelanta 5.431 procesos de responsabilidad fiscal por desfalcos que alcanzarían un valor de $12 billones.

El Fondo Monetario Internacional calculó en dos billones de euros anuales el costo de la corrupción.  Según el índice de percepción de corrupción, publicado por la organización Transparencia Internacional, que evalúa a 168 países para establecer una tabla de los estados con prácticas transparentes, la situación en Colombia se ha mantenido igual de crítica; durante 2012, 2013 y 2014 ocupó el puesto 94 y aunque en el 2015 hubo cierto avance, ubicándose en el puesto 83, la corrupción no ha dejado de ser un flagelo que golpea las finanzas públicas.

El resultado de 2016 será publicado en enero. Se viene el 2017, el mal está identificado, sabemos que los recursos que se pierden por el desfalco a las entidades públicas e incluso aquellos que no se recaudan por culpa de la evasión, serían suficientes para cubrir el déficit fiscal y responder a problemáticas de educación, salud, desnutrición, infraestructura vial, vivienda o tantos más que aquejan a los colombianos.

El tema es complejo pero se debe iniciar con una decidida voluntad política de todos los estamentos para combatirlo. Ojalá el 2017 no pase desapercibido en la generación de una cultura de transparencia en todas las prácticas de las entidades públicas.