noviembre 14, 2017

Buenaventura examina riesgos a comunidad

Crece alerta por informe de Defensoría

Luego del informe presentado por la Defensoría Nacional del Pueblo sobre la presencia de grupos armados ilegales en barrios y zona rural de Buenaventura que tienen en riesgo a 778 familias las autoridades del distrito portuario y del gobierno departamental se encuentran en alerta permanente.

El informe ha generado inconformidad en la fuerza pública que enfatizó que se han logrado importantes golpes a los grupos ilegales en el Pacífico.

El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Buenaventura, Luis Fernando Ramos Carabalí, manifestó que hasta el momento no se tiene una denuncia efectiva por parte de la comunidad en cuanto a los hechos victimizantes relacionados con extorsiones, desplazamiento, reclutamiento forzado y homicidios selectivos expuestos en el informe.

Por su parte el personero de Buenaventura Jesús Hernando Rodríguez, dijo que la entidad a su cargo hizo un recorrido por las diferentes playas aledañas a Buenaventura y las zonas rurales para confirmar las denuncias.

Según indicó el funcionario, durante dicho recorrido no se detectaron amenazas o riesgos de alta consideración.
Rodríguez dijo que ésta alerta temprana no deja de ser preocupante, es por ello que instó a la Fuerza Pública para que redoble los controles y operaciones, para que así se proteja a la población de algunas acciones ilegales que podrían presentarse de acuerdo al informe .

El comandante de Policía de Buenaventura, coronel Jorge Miguel Cabra, manifestó que los uniformados hacen presencia en puntos claves y enfatizó en la importancia de la denuncia.

Definen medidas
Ante las amenazas descritas por la Defensoría del Pueblo, la entidad solicitó a autoridades como la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Buenaventura, la Fuerza Naval del Pacífico, la Policía y la Unidad Nacional de Protección, “adoptar las medidas eficaces y oportunas de prevención y protección para mitigar o eliminar el riesgo de vulneraciones de los derechos humanos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal de los pobladores descritos en el informe de riesgo de inminencia, debido a la alta probabilidad de ocurrencia de violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

El gobierno departamental expresó su preocupación por el informe entregado por la entidad y anunció la realización de un consejo de seguridad esta semana en Buenaventura para analizar la situación y tomar medidas para evitar que esta situación no coja fuerza en la ciudad.

Inconformidad
La mandataria afirmó que los oficiales del Ejército y la Armada, el general Germán Saavedra, comandante del Comando Suroccidente del Ejército y mandos de la Armada, le expresaron su inconformidad frente al informe.

El vicealmirante Luís Hernán Espejo, comandante de la Fuerza Naval, confirmó que efectivamente se están dando a conocer grupos armados contra la Ley en el Pacífico vallecaucano pero ratificó que la Armada ha venido luchando para contrarrestarlos y puso como ejemplo en la región “la reducción del Clan del Golfo ”.

El oficial hizo un llamado a la comunidad a guardar la tranquilidad y dijo que las Fuerzas Militares no van a permitir que nuevos grupos como “Gente del Orden”, se apoderen de territorios de paz como Buenaventura.

El informe
Según el informe dado a conocer por la Defensoría del Pueblo, 778 familias en Buenaventura están en riesgo por hostigamiento por parte de grupos armados ilegales.

El informe se elaboró luego de un trabajo en terreno con el Sistema de Alertas Tempranas de la Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

El documento indica que en los consejos comunitarios de Juanchaco están en riesgo 500 familias, 178 familias en Ladrilleros y 110 familias en La Barra.

Así mismo, también se aumenta el riesgo en las comunas 12, 4 y 3 de la cabecera municipal .

Los grupos
Además, el informe hace referencia a los grupos ilegales que estarían ejerciendo presión sobre la población civil, como el ELN –hasta antes del acuerdo con el gobierno nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y otro autodenominado “Gente del Orden”, que haría presencia en barrios de la zona urbana el cual busca reclutar jóvenes que hayan prestado servicio militar, para pagarles un millón de pesos por sus “servicios”.

Los casos
En ese sentido el documento de la Defensoría afirma que un muchacho de la Comuna 12 declaró tuvo que huir con su familia al negarse a integrar este grupo armado ilegal.

También expone el caso del desplazamiento forzado de una familia en Ladrilleros, que señaló que los “Gaitanistas” amenazaron con reclutar a los menores de edad integrantes de la misma.

Además, se indicó que en algunos de los delitos ocurridos presuntamente estarían involucradas estas estructuras como son las amenazas, los homicidios selectivos, el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes, contra la integridad sexual, desplazamientos forzados individuales y masivos y las extorsiones.

El informe expresa preocupación por el aumento de las extorsiones en las comunas 3 y 4, en donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia les cobran a conductores de lanchas.